Productores de cine españoles que trabajan con inversores extranjeros denuncian durante la II Conferencia sobre Economía de los Rodajes en España la «inseguridad jurídica» que genera la reforma fiscal aprobada en noviembre pasado por el Parlamento en lo que se refiere a los rodajes internacionales. Plazos largos y no del todo claros para cobrar el retorno del incentivo fiscal, que la reforma fija en un 15 %; lagunas en el catálogo de gastos a desgravar y un techo de 2,5 millones de euros en esa devolución son aspectos que sitúan a España en inferioridad de condiciones con otros países de su entorno, según han dicho. La conferencia, organizada por la Spain Film Commission (SFC), una entidad que facilita las gestiones de los rodajes españoles y extranjeros, es inaugurada por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, con un diagnóstico bien distinto al de los productores.
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