El Tribunal de Apelación de París celebra una audiencia sobre la película El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam. El conflicto judicial enfrenta a Gilliam, de 77 años, con el productor portugués Paulo Branco, quien compró al primero sus derechos de autor-director a través de su empresa Alfama Films con base en Francia. A cambio, Branco se había comprometido entre otras cosas a mantener la fecha del rodaje en octubre de 2016 y a respetar las decisiones artísticas de Gilliam. Si embargo, durante la preproducción, los numerosos desacuerdos entre ambos llevaron al productor a suspender el inicio del rodaje. Gilliam contactó entonces con la productora española Tornasol y con ella rodó el filme entre marzo y junio de 2017, en España y Portugal. Entretanto, el director lanzó un procedimiento ante la justicia francesa para anular el contrato de cesión de sus derechos en beneficio de Branco. Los productores de la parte española, Gerardo Herrero y Mariela Besuievsky, aseguran en un comunicado: «La noticia que ha lanzado el productor que abandonó la película antes de comenzarla, por no encontrar la financiación, son totalmente falsas. Los derechos son de los actuales productores, que han terminado esta gran película. Ningún tribunal ha dictaminado que esta producción no se pueda estrenar. Lo que debemos celebrar es la calidad de la película, festejar que en breve el público podrá disfrutarla y que Don Quijote sigue vivo y cabalgando!!«. Y continúan: «La campaña de prensa orquestada por Paulo Branco es un medio para tratar de extorsionar a los productores y parece coincidir con la presentación inminente de la película en festivales de prestigio, ejerciendo así una presión que favorezca dicha maniobra de intimidación«. Este episodio judicial prolonga un poco más la maldición que golpea desde hace casi dos décadas El hombre que mató a Don Quijote.
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